Criminalización del matrimonio forzado en Europa ¿Mejora realmente la situación de las víctimas?

Por Noemí Sainz de la Maza

La situación legal de los matrimonios forzados en Europa viene siendo un tema de conflicto y dilemas desde el año 2003. Con la decisión de Noruega de incluir el matrimonio forzado en el código penal, otros países como Austria, Bélgica y Dinamarca adoptaron la misma decisión. De esta forma se instalaba en la Unión Europea la criminalización del matrimonio forzado.

Las primeras reacciones por parte de países como Reino Unido y Países Bajos mostraron su rechazo ante la consideración de que esta introducción del matrimonio forzado en el código penal con la consecuente criminalización de las víctimas tendría consecuencias directas sobre el estigma de los inmigrantes, que son los primeros sospechosos de realizar matrimonios forzados.

Resulta interesante observar el caso de Reino Unido y la ley de matrimonios forzados que adoptaron en 2007. Esta ley esquivaba la criminalización de las familias involucradas en los matrimonios forzados al tiempo que comprendía la necesidad de llevar a cabo un arresto en los casos más extremos. Un híbrido entre asistencia y castigo pretendía evitar las consecuencias penales que suceden en otros lugares. En líneas generales, esta ley, enfocada hacia la protección civil, aspiraba a ofrecer a las víctimas un soporte al cual acudir en caso de verse forzadas a casarse con otra persona. Al mismo tiempo ofrecía protección a las víctimas mediante la restricción de contacto con su familia o las partes involucradas en la coacción.

El proyecto británico de prevención y protección finalizó en el año 2012, cuando el matrimonio forzado se introdujo como un delito más. Estas medidas son aplaudidas por la Unión Europea, que considera que siendo el matrimonio forzado una violación básica de Derechos Humanos, la legislación europea debe comprenderlo dentro del Código Penal.

Frente a la política europea que defiende la criminalización de los involucrados en el matrimonio forzado, encontramos otras voces en contra de esta postura que puede penalizar y limitar la migración, ya que son en muchos casos culturas migrantes las que llevan a cabo los matrimonios forzados. En este sentido se llama a una despolitización del asunto de los matrimonios forzados y a no usarlos como una justificación para expulsar a los extranjeros del país.

Los contrarios a las medidas de criminalización argumentan que estas líneas de actuación promueven el silencio entre las víctimas que se ven bajo la presión de imaginar a sus padres y familiares en prisión. La organización francesa Voix des Femmes ha advertido sobre el riesgo que sufren las víctimas de ser sacadas del país forzosamente para ser obligadas a casarse en sus países de origen.

Existe también polémica en torno a las medidas de inmigración que han sido adoptadas  en algunos países europeos con el objetivo de detectar el matrimonio forzado. Una de las propuestas de la Unión Europea más discutida es el establecimiento de una edad mínima de 21 años para que el cónyuge pueda hacer valer su derecho de reunificación familiar e inmigrar desde su país de origen al europeo donde la pareja se encuentra.

Quizá resultaría más provecho para las víctimas el estudio de una ley de protección civil donde se tuviera en cuenta a la víctima. El primer paso sería identificar los  medios a través de los cuales puede lograrse su emancipación y autonomía, que le lleven a  solicitar la ayuda pertinente sin la presión y el estrés que pueden generar sentirse responsable de los familiares tengan consecuencias penales.

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